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29 de enero de 2009
CCOO comparte el fallo del Supremo sobre la Educación para la Ciudadanía y exige a las Administraciones el cumplimiento de las leyes.
CCOO recuerda que esta materia forma parte de la organización de las enseñanzas establecidas en la LOE y que se basa en los principios constitucionales y en la Carta de los Derechos Humanos.
Ante el fallo del Tribunal Supremo sobre la obligatoriedad de impartir la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y tras la objeción fomentada por determinados sectores en contra de impartir esta materia, y el absentismo promovido entre los hijos de sus partidarios para que no acudan a esta clase, la Federación Regional de Enseñanza de Madrid, insta a la Consejería de Educación y al Gobierno Regional de la Sra. Aguirre a cumplir la Ley y a adoptar las medidas necesarias para que todos los centros autorizados a impartir la enseñanza obligatoria en la Comunidad de Madrid impartan a todos los alumnos dicha materia obligatoria, en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Educación.
CCOO denuncia que este asunto ha sido utilizado de manera partidista por determinadas organizaciones sin tener en cuenta los problemas que la objeción está causando en los centros escolares. Hemos asistido a un falso debate provocado por motivos ajenos a la enseñanza y a los contenidos disciplinares de Educación para la Ciudadanía y los DerechosHumanos.
CCOO comparte que los contenidos de esta asignatura están basados en los principios fundamentales de la Constitución Española actual y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estos principios aspiran a la transmisión y puesta en práctica de valores que favorecen la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, ayudando a superar cualquier tipo de discriminación, en perfecta consonancia con los fines y principios de nuestro sistemaeducativo.
Por último, CCOO ante la situación que se ha creado en los centros educativos exige que el Ministerio de Educación y el Gobierno Regional impulsen urgentemente medidas que permitan solucionar las disfunciones y lagunas conceptuales creadas por atender la demanda injusta de los defensores de la objeción de conciencia.
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Aquí os dejo el enlace a la entrada de Inés Sabanés en la que se puede descargar las conclusiones completas de IU de la Comisión de Investigación, es muy interesante y clarificador.
