El coordinador ejecutivo de Economía y Mundo del Trabajo de Izquierda Unida, Javier Alcázar, valora que “los datos de IPC del mes de agosto, aunque muestran cierta moderación en su conjunto, vienen a anticipar también unos efectos sumamente lacerantes para las economías domésticas a corto plazo. Nadie puede estar en disposición de valorar de forma positiva, ni cualitativa ni cuantitativamente, el incremento de los precios de alimentos de primera necesidad como el pan, la leche o el pollo”.

Alcázar considera que “con estos datos no hay lugar para el triunfalismo gubernamental, ya que ponen en evidencia que la economía que ‘vende’ el presidente Rodríguez Zapatero es mucho menos ‘campeona’ de lo que él considera. El incremento de precios de los alimentos apuntan en la línea de flotación de las necesidades de consumo básicas para la inmensa mayoría de los ciudadanos lo que, unido a los sucesivos incrementos en los tipos de interés y su efecto sobre el coste hipotecario no dan muchos motivos a las familias para compartir el optimismo del Ejecutivo socialista”.

El dirigente federal de IU afirma que estos últimos datos del IPC “constatan también la falta reiterada de rigor en las previsiones que sobre este índice realiza el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado, sobre las que se referencia el incremento de los salarios del conjunto de los trabajadores”.

Además, según Alcázar, “el dato de la inflación subyacente parece haber encontrado unos niveles de resistencia a la baja que le cuesta romper. Esto no hace más que abundar en el diferencial en precios existente respecto de nuestros socios comunitarios que, unido a la progresiva revaluación del euro, nos pone más difícil competir con nuestros productos en los mercados internacionales, con los efectos negativos que ello produce en nuestro ya abultado déficit comercial”.

Javier Alcázar señala que “nos parece oportuna, aunque tardía, la investigación anunciada por la Comisión Nacional de la Competencia sobre el posible incremento interesado y concertado de los precios de la industria alimentaria a través de prácticas comerciales de dudosa legalidad. Sin embargo, esta actuación no exime al Gobierno de su responsabilidad para favorecer inversiones en políticas de distribución que eviten un abuso especulativo de productos básicos a lo largo de su recorrido comercial”.