Los resultados de estas elecciones han puesto de manifiesto con toda crudeza una realidad: nuestra ley electoral es abiertamente injusta y dudosamente constitucional. Sus consecuencias vulneran, en los hechos, el principio constitucional de proporcionalidad.
 
Las paradojas de este modelo hacen que la tercera fuerza política del país tenga dos diputados con casi un millón de votos. Este sistema favorece claramente a los partidos mayoritarios al tiempo que produce la sobrerrepresentación de fuerzas que se presentan solo en algunas circunscripciones. Es un sinsentido que debe ser urgentemente corregido.
 
De mantenerse el actual sistema se verá afectado el más elemental fundamento democrático de un hombre/una mujer un voto y produce distorsiones en la representación que no son admisibles.
 
La nueva Ley debe asegurar la proporcionalidad en la representación y debe otorgar el peso político que cada fuerza merece en función del número de votos.
 
Pedimos al Congreso de los Diputados que promueva la creación de una Comisión para la Reforma del Sistema Electoral que pueda cambiar la actual ley, y cuya aprobación permita que la reforma sea operativa en las próximas elecciones generales.